Por su lectura se comprenderá que no he pretendido describir exhaustivamente todos y cada uno de los acontecimientos, ni siquiera abarcar la totalidad de la legislatura que dio origen a la creación de las instituciones básicas de la Comunidad, aquella en la que desarrollamos una gestión que, desde mi punto de vista, no sólo puso las primeras piedras, sino que consolidó social e institucionalmente Castilla y León. Más bien, pretendo sugerir e incitar a quien lo desee para que, con nuevas aportaciones, desarrolle otros muchos aspectos de interés relacionados con este periodo. De este modo, se irá enriqueciendo la bibliografía existente sobre tan importante acontecimiento.

Es preciso agradecer, a este respecto, la aparición hasta el momento de ciertas publicaciones sobre el particular, en alguna de las cuales he participado. Yo mismo pretendo recuperar nuevos esfuerzos para seguir contando otras «historias» y acontecimientos. Es justo y necesario conocer los distintos comportamientos y las distintas actitudes acontecidas a lo largo de los primeros años de la puesta en marcha de nuestra Comunidad. Creo que es saludable escribir a su tiempo, entre otras publicaciones, algo así como el «Quién es quién» en el arranque de Castilla y León; en eso estamos, aunque quizás es aún pronto para darlo a conocer en toda su amplitud y con todas sus consecuencias.

Naturalmente, quiero agradecer la inestimable participación del joven y ya consagrado historiador Enrique Berzal en la elaboración de este libro. Sus conocimientos, producto de una rigurosa investigación, han sido fundamentales para describir el contexto en el que se incrustan algunos acontecimientos de tipo personal, aquellos «que sólo tú puedes contar», como me decían algunos amigos.

En esta tarea, así como en las distintas reuniones y puesta en común que hemos mantenido Enrique Berzal y yo, la aportación de Antonio de Meer ha supuesto añadir al ejercicio de la memoria elementos de frescura y rigor.

En definitiva, creo que debía esta primera aportación a cuantos me habían indicado la conveniencia de su publicación, entre los que se encuentran mis amigos y colaboradores más cercanos. Aquellos que desde el principio creyeron en este proyecto y que, en tiempos duros, y sin cuento, fueron leales en las ideas; en definitiva, a todos los que, como dicen ahora los jóvenes, «fueron gente legal».

Demetrio Madrid López

Castilla y León, una necesidad política

A partir de la Constitución, el Estatuto es para Castilla y León la forma jurídica de organizar el poder institucional en la etapa moderna en la que nos toca vivir. Hemos construido una estructura descentralizada del poder político que representa un cambio importantísimo en la tradición secular del centralismo español. El arranque de nuestra región como Comunidad Autónoma fue un acontecimiento vivo, también controvertido, donde crecieron y se desarrollaron ambiciones, se fomentaron mayores capacidades y se responsabilizaron de cada vez más decisiones arraigadas en la sociedad castellana y leonesa.

Fue ésta una de las razones que me ayudaron a comprometerme en la construcción de Castilla y León; además de por lo novedoso y un tanto revolucionario del asunto, porque, desde luego, conllevaba una beneficiosa distribución del poder político del Estado. Pensé -y pienso- que las responsabilidades de gobierno son tan repartidas y transversales, que gracias a ello será imposible una nueva confrontación entre los españoles, una nueva dictadura. Es decir, el Estado de la Autonomías contribuye a mantener la paz. Y en el caso de Castilla y León, a recuperar la memoria histórica, independientemente de que, de manera circunstancial y por razones de estrategia, se puedan manifestar posiciones insolidarias. En el plano teórico, e incluso reivindicativo, se podrá aceptar cualquier solución política, siempre y cuando, naturalmente, no afecte a la unidad de España.

El haber tenido el privilegio de participar en el debate constitucional me permitió percibir que el Estado de las Autonomías fue diseñado para dar respuesta a un importante problema histórico de nuestro país. Y la reflexión inmediata fue que nuestra tierra, Castilla y León, no podía quedarse a un lado, como en tantas ocasiones en la historia de España. Es más, estaba convencido de que su aportación debería constituirse en referente de respeto y equilibrio entre los distintos y legítimos intereses de otras Regiones o nacionalidades. Pues si alguien entre las Comunidades podía presentar títulos de «histórica» ésta era –y es- Castilla y León.

Desde el principio había entendido mi trabajo como una actuación política y no de mero gestor. Ya cuando dimití como diputado para presentarme como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, con el riesgo de no ser elegido, había interiorizado que el esfuerzo merecía la pena, pues suponía contribuir a que nuestra Comunidad avanzara posiciones y recuperara su retraso y su ensimismamiento histórico. Y es que las capacidades y competencias de autogobierno adquieren un carácter potencialmente político cuando se canalizan como beneficio del Común.

Tan política era la «apuesta», que desde los primeros tiempos nos enfrentamos con enormes desafíos y conflictos generados por quienes se oponían frontalmente a la constitución de Castilla y León. Nada menos que cuatro recursos de inconstitucionalidad, interpuestos desde dentro, a los que tuvimos que hacer frente satisfactoriamente, tal y como fueron resueltos por el Tribunal Constitucional.

Como no todo el desarrollo de puesta en marcha del Gobierno y su organización territorial resultó tan pacífico en Castilla y León, nos vimos precisados a realizar un esfuerzo superior para afrontar las dificultades y, en muchos casos, solventar la escasa colaboración de personas e instituciones de la propia Comunidad. En algunas ocasiones, también del propio Gobierno Central, y en otras, de las mismas instituciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Y es que la creación de las Comunidades Autónomas despertó muchos recelos, quizá por la pérdida de protagonismo que suponía la aparición de instituciones con capacidad no sólo administrativa, sino también política y legislativa.

Frente a dificultades tan importantes, nuestra posición fue la comprensión y la mano tendida. El mayor esfuerzo del primer Gobierno estuvo destinado a la pedagogía, es decir, a explicar a los castellanos y leoneses cuál era la nueva realidad y las nuevas oportunidades que se abrían en el horizonte de Castilla y León. En efecto, la construcción de un proyecto de unidad consiste también en el respeto a la identidad de sus territorios. Nunca, como desde la Constitución de 1978, habíamos superado desencuentros y distanciamientos que habían tenido lugar en la historia de España.

Para Castilla y León, la autonomía representaba una oportunidad de carácter político, necesaria, pues significaba enfrentarnos a nuestras propias carencias. Nunca como en ese momento podíamos gobernarnos, es decir, asumir competencias, algunas de ellas de carácter exclusivo.

Sentíamos la urgente necesidad de encontrar y comprometer a todos los ciudadanos, sobre todo a quienes más capacidad, credibilidad y competencia pudieran ejercer en el conjunto de la ciudadanía. Nuestros esfuerzos fueron dirigidos a los medios de comunicación, líderes sociales y sindicales, las universidades y centros de enseñanza, empresarios y deportistas, jóvenes emprendedores, etc. Nuestra dedicación, recorriendo todas las Comarcas, fue prioritaria. Yo mismo dedicaba un día a la semana a recibir a personas, grupos, alcaldes, empresarios, colegios, asociaciones de todo tipo, con el objetivo de comprometerlos y, si fuera posible, hacerlos cómplices para convertirlos «en uno de los nuestros» en la tarea de construir Castilla y León.

Recibía a cientos de personas, tanto en mi despacho como en las Delegaciones Territoriales, aprovechando los desplazamientos a las distintas provincias. Valga como ejemplo que, entre las muchas y variadas entrevistas que concerté, recibí a un entonces joven José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado por su director de tesis –y después Procurador del Común-, el catedrático Manuel García Álvarez, pues en esos momentos estaba preparando la redacción de la misma, centrada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Naturalmente, no sólo le atendí, sino que le facilité algunos documentos que yo había utilizado en el debate como ponente del Estatuto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, así como los Diarios de Sesiones.

Esta forma de actuar confirmó la idea que siempre había mantenido, la de que las condiciones culturales, sociales y poblacionales de Castilla y León exigían un máximo esfuerzo en forma de apoyos técnicos e información; pero que también hacía insustituible la «artesanía política», es decir, la

utilización de las manos y las vísceras para transmitir no solo las ideas, sino también los sentimientos.

Nada de lo que ocurra en Castilla y León nos puede ser ajeno

En el largo e intenso proceso político desarrollado desde la transición democrática, incluyendo parte del franquismo, hasta nuestros días, he participado en distintas responsabilidades y compromisos en la construcción de la democracia. Desde la clandestinidad pura y dura, pasando por la ilegalidad consentida hasta los primeros tiempos de la incipiente democracia. Este tiempo ha coincidido con la más importante transformación política en España y la etapa de mayor descentralización conocida en Europa.

Desde la proclamación de la Constitución de 1978, nuestro país, con tradición centralista y gobiernos totalitarios, se constituyó en un Estado de las Autonomías que permite a las Regiones desarrollar un nivel competencial y de autogobierno equiparable a los estados más federalistas. La descentralización del poder se ha producido sin grandes e insalvables conflictos ni imposiciones, transformando las tradiciones, generando una progresiva aceptación social y, como resultado, dando lugar a una nueva idea de España. La Constitución abrió las posibilidades que han permitido afrontar uno de los mayores y más graves problemas para la convivencia en nuestro país.

Poner en marcha un proceso fundacional y crear nuevas instituciones significó una tarea llena de dificultades e inconvenientes: desde el desconocimiento propio a la incomprensión ajena. Pero también el haber contribuido modestamente al crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción de las desigualdades y la ampliación de la educación y la sanidad. Haber tenido la ocasión de participar en el arranque de Castilla y León ha representado, sobre todo una experiencia apasionante, sólo comparable con la llegada de la libertad y la democracia.

Y es que, desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, el gobierno y la administración de los asuntos desde el Gobierno Regional, si bien no garantiza una mejor y mayor calidad de los servicios, sí que permite, a través del conocimiento cercano de los problemas, llevar a cabo un mejor diagnóstico y, por lo tanto, ofrecer mejores soluciones.